Defensor del Pueblo Andaluz

Sevilla, de 10 Septiembre de 2003

Excmo. Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:


Según establece la norma reguladora de esta Institución, debo ofrecer en este acto un resumen del contenido del Informe que puse a la disposición de esta Cámara el pasado día 2 de Junio. Desde esta fecha, hemos tenido la oportunidad de debatir sus contenidos ante la Comisión correspondiente en su sesión del 18 de Junio. Podemos añadir que las cuestiones que se recogen en esta extensa memoria ya han sido objeto de una cierta difusión.

Con estos antecedentes, creo que, en aras de la brevedad parlamentaria, podemos soslayar muchas cuestiones ya comentadas y centrarnos en los aspectos que consideramos más relevantes desde el criterio de esta Institución y haciéndome eco de las demandas sociales más patentes.


Con los números en la mano, el ejercicio comentado ha supuesto un nuevo y moderado aumento de quejas respecto a años anteriores y que confirman una tendencia estabilizadora en las reclamaciones que se interponen ante la Institución. Así, las materias motivo de reclamación de los ciudadanos se centran, según su número, en el área de Justicia (1.025), Medio Ambiente (681), Salud (632) y Vivienda y Obras Públicas (611 quejas).

Por otra parte, el trabajo que se acomete por la propia iniciativa del Defensor se ofrece, principalmente, en las quejas de oficio, que pretenden ocupar un peso cada vez más creciente. Así, mientras que se incoaron 142 quejas de oficio en el año 2000 y se alcanzaron las 151 en el ejercicio de 2001, durante el ejercicio comentado de 2002 han sido iniciadas 158, centradas sobre todo en materia de Justicia, Vivienda y Educación.

Como último dato que deseo destacarles, les indico que el trabajo de la Oficina de Información, atendiendo las peticiones de ayuda y asesoramiento de los ciudadanos, ha crecido en más de un 24 %, manteniéndose un equilibrio territorial y poblacional entre las provincias como origen de las quejas que llegan a la Institución.

Pero comprenderán que el balance del trabajo de todo un año en una Institución como la del Defensor del Pueblo Andaluz, dista mucho de ser un relato numérico y porcentual. El Informe es algo más; y así procuramos que su presentación sirva para contar cuáles son las demandas que expresa la sociedad en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Por ello, si estas demandas persisten año tras año sin cambios sustanciales, comprenderán que mis palabras parecerán una inevitable confirmación de datos y valoraciones que ya les anuncié en anteriores comparecencias.

Y hemos de decir que desgraciadamente —en algunos aspectos— esto es así. Volvemos, a exponer problemas que no acaban de encontrar la solución. Verificándose, una vez más, que este Informe, en determinadas cuestiones, se convierte en la incuestionable constatación de unos conflictos que siguen provocando la queja de la ciudadanía y así persistirán mientras no abordemos con decisión su corrección.

Este año hemos incluido un apartado nuevo que analiza esta misma situación y exponemos —c argados de un sentido autocrítico— una limitada operatividad en la consecuencia institucional de nuestros Informes Anuales. O lo que es lo mismo: nos preguntamos cuál es el grado de eficacia que podemos esperar a partir de la dación de cuentas que el Defensor realiza ante la Cámara. ¿Estamos siendo capaces de transmitir con veracidad, de manera objetiva y desde un análisis certero las preocupaciones que la ciudadanía nos expresa?

Porque eso es lo que he entendido siempre que debe recoger el Informe del Defensor. Amparar lo que demanda la sociedad y contárselo, no a la propia ciudadanía, sino a la expresión institucional de su representación política.
 
De esta forma aspiramos a que ese Informe no resulte un relato acabado, perfecto y muerto. Sino una propuesta, un reto, una vía para alcanzar las satisfacciones que la ciudadanía anhela y de las que ha sido testigo el Defensor del Pueblo Andaluz.

El esfuerzo por obtener las respuestas a los problemas destacados nos ha hecho concentrarnos este año en tres aspectos concretos: las listas de espera de especialidades, los controles de las antenas de telefonía móvil y las protección de los entornos de los monumentos declarados. Y son estos temas precisamente, porque ejemplifican la persistencia de demandas que están sobradamente comentadas en los Informes de ejercicios anteriores pero que no obtienen el impulso necesario para corregir estas carencias evidentes en las respuestas de nuestras administraciones.



Por ello, debemos volver hablar de las listas de espera. Ante todo, la Institución valora el esfuerzo desarrollado por la Administración Sanitaria en el ámbito concreto de las intervenciones quirúrgicas tras la aprobación del Decreto 209/2001 de 28 de Septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Andaluz.

Pero todo indica que, a partir de este momento, el debate se traslada a otro círculo y que se plantea un nuevo reto: el de las demoras diagnósticas y consultas de especialidades. Es el turno para reflexionar sobre los niveles de espera que afectan a las diversas consultas de especialidades y la realización de pruebas diagnósticas, y valorar su incidencia en torno a la determinación del diagnóstico y, por lo tanto, la aplicación del tratamiento indicado.

Hemos propuesto a lo largo de estos últimos ejercicios medidas de diverso carácter que se han vuelto improrrogables: inversión en mejoras tecnológicas y de equipamiento diagnóstico, implantación de la gestión por procesos, mejora en los circuitos de atención a los usuarios y citación, así como racionalización y mejora de los conciertos con los servicios privados de diagnóstico.

Este esfuerzo es imprescindible con un modelo sanitario público eficaz y atento a las demandas de la sociedad. Y así debemos destacarlo.