Defensor del Pueblo Andaluz

COMPARENCIA ANTE EL PLENO DEL PARLAMENTO PARA EXPONER EL RESUMEN DEL INFORME ANUAL DE 2007 DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Sevilla,  24 de Septiembre de 2008  

Señora Presidenta, Señores y Señoras Diputadas:

         Comentaba ante la Comisión de Gobierno Interior que ofrecer un resumen del Informe Anual al Parlamento es un trabajo que siempre me resulta difícil. Cualquier párrafo que encuentren en un texto de más de mil doscientas páginas les garantizo que merece toda nuestra atención. Citar unos temas o destacarlos, entre las materias que mencionaré a continuación, supone desplazar de esta solemne sesión otras muchas cuestiones que han acreditado nuestra intervención y que, les aseguro, merecen su debate y respuesta. 

         Pero resumir aspectos concretos del Informe es, en parte, elegir y prelacionar sus contenidos. Parto por explicarles este problema metodológico porque es mi intención, y la del equipo de Adjuntas y Adjuntos, llamar su atención sobre problemas o situaciones que aparecen en el trabajo de la Institución y que esperan respuestas. Unas decisiones o bien impulsos que sólo se alcanzarán en la medida en que estos otros temas resulten conocidos y tratados, debatidos, discutidos —y disputados, si lo prefieren— por parte de Sus Señorías. 

         Quiero rogarles su atención, pero sobre todo su interés, su curiosidad por todo aquello que no diga aquí, pero que escrito está en el Informe.  

     No deseo hurtar demasiado tiempo en datos numéricos. Tan sólo les explico que hemos recibido  5.665 quejas, con un crecimiento del 2% respecto del año anterior y que sus contenidos inciden en las materias habituales ligadas a los sectores de prestación de servicios públicos universales. 

Nuestra Oficina de Información ha atendido más de 6.700 consultas. Durante 2007 se realizaron un millón trescientas ochenta mil visitas al servicio de internet, pionero entre los Defensores de España. Como pueden observar, asistimos a un crecimiento exponencial en el uso normalizado de estas tecnologías de relación y comunicación. 

     Un tercio de las quejas ya nos llegan por internet y estamos elaborando los planes necesarios de inversión para disponer una atención telemática completa a aquellas personas usuarias que nos demanden estas vías de relación. En todo caso, les aseguro que, a pesar de los avances tecnológicos, sigo reivindicando el trato, la relación directa, el contacto humano a todos los niveles para desarrollar nuestro singular trabajo. 

         El ejercicio de 2007 lo citamos en su día como el año del Estatuto y la Ley de Dependencia. Y, ciertamente, nuestra actividad ha tenido mucho que ver con estas referencias. 

Desde la reforma del Estatuto, contamos hasta con doce nuevos preceptos o enunciados que orientan a un proceso inaplazable de concretar y definir el derecho de acceso a una vivienda digna para dejar de ser un impulso genérico y avanzar hacia un efectivo y concreto derecho. 

Convendrán conmigo que si existe un derecho de contenido social que exige un sistema clarificador y de determinación de sus niveles de garantía ése es el derecho de acceso a una vivienda. 

Lo he comentado en alguna ocasión, y en concreto en las Jornadas que sobre el Derecho a la Vivienda organizamos en otoño pasado. No se me ocurre citar un problema más grave, generalizado y trascendente que pesa sobre nuestra sociedad. Ha llegado la hora de las decisiones. Porque, a la postre, todo se circunscribe en una carencia grave que restringe las condiciones elementales de vida y dignidad de cada persona y su familia y que, por tanto, se traduce en merecer un marco legal de amparo y garantías. Ése es el argumento para la regulación de un derecho a la vivienda y esto es lo que se espera de un Estado Social y Democrático de Derecho. Y si todavía hay quien busca algún antecedente, pongamos nuestra atención a cómo se están desarrollando algunas de estas leyes en países de nuestro entorno europeo. 

Ya no queda más que abordar una tarea concreta: sencillamente regular de una vez el Derecho con sus requisitos, niveles sociales de protección y su régimen de garantías. Hay mucho que discutir, enmendar y debatir. Pero no nos perdamos: treinta años de impulsos e incentivos ya bastan como argumento para definir por Ley un Derecho a la Vivienda. 

         Hablamos en suma de construir un sistema de garantías respecto de un marco de derechos que ofrece un estándar mínimo, un nivel de protección que ostenta cada persona. Ése y no otro es el valor fundamental que destila el texto del nuevo Estatuto.         De ahí que estamos desarrollando unas labores de seguimiento a los trabajo de la futura Ley de Inclusión Social. Hemos convocado a los representantes de sectores comprometidos con esta materia, entidades ciudadanas, profesionales y colectivos muy variados. 

Y deseamos contribuir al máximo diálogo entre los responsables de la redacción de esta norma por una razón que les explico. Esta norma, desde la perspectiva de la Institución, es la definición y el alcance de un compromiso efectivo de los poderes públicos por la dignidad elemental de cada persona. Su articulado dará sentido a la definición de Estado Social y a encontrar las respuestas garantizadas que definan el umbral de atención básica que todos mereceremos.  

Pero es que, además, la anunciada Ley de Inclusión será un núcleo elemental sobre el que gravitará el proceso de definición de una parte esencial de los principios rectores que se definen en el Estatuto, en sus rasgos sociales y asistenciales. 

En este mismo impulso surge otra cuestión estrechamente relacionada como es la puesta en marcha del sistema de la Ley de Dependencia. 

No me resisto a repetir lo comentado en la Comisión del pasado día 3 cuando calificaba a  esta norma como decidida y hasta valiente. La Ley se ha plasmado como el eje conceptual e instrumental de las respuestas integrales que los poderes públicos deben brindar a las personas con discapacidad y a sus familias, como una construcción del sistema de igualdad y solidaridad. 

Tan importante ha sido su formulación que, lógicamente, sus expectativas han marchado parejas para los colectivos directamente afectados. Y aquí me parece que no estamos sabiendo dar respuestas satisfactorias. Seguimos recibiendo señales de que los esfuerzos personales y materiales volcados —que nos constan— no son capaces de hacer visibles en los colectivos interesados, y menos aún en el conjunto de la sociedad, toda la argumentación creada desde la Ley de Dependencia.  

Seguiremos prestando una muy especial atención al proceso de implantación del sistema en Andalucía, porque nos jugamos mucho en ello. 

Estaremos, pues, vigilantes ante los nuevos derechos relacionados con las prestaciones sociales, el mundo de las tecnologías o el ámbito de relación de la ciudadanía con la Administración. 

         Precisamente, debemos destacar en esta comparecencia el “derecho a la buena administración”. Permítanme que les diga que en la construcción de esta noción, los Defensores del Pueblo tenemos mucho que explicar. Este derecho fue propuesto formalmente por el Defensor del Pueblo Europeo e incorporado progresivamente a los Estados Miembros. Y supone la plasmación del marco válido y actual de relaciones que deben regir entre la Administración y las personas. 

         Relación y comunicación que cada vez se impregnan más del uso de tecnologías que van a suponer un auténtico reto, en particular para las propias unidades de gestión y servicios públicos. Cuando les decía que queremos permanecer atentos al desarrollo de los derechos de contenido social, también les incluyo los mecanismos de inter-relación con las personas que establece la Administración Pública. 

         Vamos a poner en marcha varias iniciativas de verificación y análisis de los portales de internet de las Administraciones y sus organismos, en especial sobre sus variados contenidos, que oscilan entre lo meramente divulgativo y herramientas ciertas de gestión y servicios en línea. Del mismo modo que pretendemos conocer en profundidad el alcance de esas páginas y sus interconexiones con otros portales. 

Y les cito de la mano de esta materia, nuestro interés por estudiar la implantación de servicios de atención telefónica en Administraciones Públicas con sistemas de tarificación añadida. Nos referimos a prestaciones informativas o de orientación básicas que se atienden a través de números telefónicos que no sólo no son gratuitos para la persona usuaria, sino que disponen de sistemas tarifarios más gravosos y no siempre bien anunciados. 

Ahora, paso a citarles, brevemente, dos cuestiones que nos preocupan muy seriamente y que suelen venir ligadas. 

En materia de salud, están mostrándose quejas que afectan a la falta de una disponibilidad de profesionales de la medicina en número y preparación suficientes con las demandas actuales y las futuras. No alcanzamos a controlar de manera válida la oferta académica, las salidas profesionales y las necesidades del sistema sanitario. 

Y el problema se centra a partir de restricciones académicas mal explicadas junto a algunos intereses corporativos peor disimulados. Además nos encontramos con la dificultad de ajustar los tiempos para anticipar una solución que tardará años en llegar. Porque no se improvisan profesionales de la medicina en meses y no apreciamos tampoco unas respuestas planificadas para abordar un problema que hoy existe y que podrá aumentar su entidad de manera muy seria en los próximos años. 

No de futuro, sino de una absoluta presencia son las carencias en los dispositivos de salud mental. La “pandemia del siglo XXI”, como definió la OMS a la enfermedad mental, se traduce en un número de personas enfermas y de patologías que no pueden ser atendidas con los recursos existentes. Me constan los esfuerzos por aumentar las plazas y el número de Comunidades Terapéuticas, pero el ritmo de creación de estos dispositivos se muestra incapaz de absorber las necesidades que existen y las que vendrán.  

También conozco que el número de pacientes aumenta día a día, probablemente como consecuencia de un modelo socioeconómico que acrecienta unos valores despiadados con los seres humanos. Lo decía Ortega: “El hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse”.